Las ciudades regulan las aplicaciones de transporte pero las diferencias entre sistemas tienden a desaparecer.

 

(Foto tomada del canal de youtube Don Uberto https://www.youtube.com/@DonUberto)

Varias ciudades del país siguen aprobando ordenanzas para regular las aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify. Lo hacen con normativas propias y con criterios dispares. Sin embargo, el avance hacia un sistema con menos trabas y con reglas claras para todos parece inevitable, en parte porque las diferencias entre plataformas, taxis y remises empiezan a diluirse en los hechos.

En Salta, la ordenanza y su decreto reglamentario establecen condiciones técnicas y fiscales para que las plataformas operen con registro y control. Rosario, Santa Fe, Paraná y Reconquista también aprobaron sus propias normas, con distintos niveles de exigencia. Mendoza lo resolvió a través de una ley provincial que integra a las plataformas al sistema de transporte formal. Neuquén, en cambio, discute una aplicación estatal obligatoria para taxis y remises.

En todos los casos, las ordenanzas reconocen que las plataformas llegaron para quedarse. Exigen registro, habilitación de vehículos y operación exclusiva mediante aplicación. Pero lo más significativo ocurre fuera del texto legal: cada vez más choferes de taxis y remises se inscriben como conductores en las apps. Esto sucede en Santa Fe, Rosario, Mendoza y otras ciudades, donde una parte importante de la flota tradicional opera también en plataformas digitales, bajo el mismo sistema de geolocalización, tarifas dinámicas y registro de viajes.

Esta tendencia hace que la supuesta división entre taxis y aplicaciones pierda fuerza. En la práctica, los servicios se mezclan. Un mismo auto puede ofrecer viajes por aplicación y tomar pasajeros en la calle. Un mismo conductor puede trabajar bajo distintas modalidades, según la demanda o el momento del día.

Frente a este panorama, mantener sistemas legales separados y con requisitos distintos empieza a perder sentido. La carga regulatoria que pesa sobre los servicios tradicionales no encuentra justificación si las plataformas son habilitadas sin exigencias equivalentes, y viceversa. El camino más claro no es sumar más normas, sino establecer un marco legal simple, donde todos los actores estén bajo las mismas reglas.

Un modelo de movilidad moderna requiere menos burocracia y más igualdad ante la ley. Exigir lo mismo a todos y permitir que cada uno elija cómo prestar el servicio —si por calle, por app o por ambas— daría más libertad a los trabajadores, más opciones a los usuarios y más orden al sistema.

Las ciudades están regulando las plataformas porque ya forman parte del paisaje urbano. Pero lo hacen mientras los propios taxistas y remiseros se suman a esas mismas plataformas, borrando en los hechos las diferencias que las leyes aún intentan conservar. La realidad va más rápido que las normas. El desafío es que el marco legal se actualice, garantizando un piso común, menos restricciones y más integración.