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Cada vez que se carga combustible en Argentina, se paga un impuesto incluido en el precio final. Ese tributo se llama Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y se cobra por litro tanto de nafta como de gasoil. Aunque muchos usuarios lo desconocen, este impuesto genera una recaudación millonaria y su destino es motivo de discusión entre provincias, empresas y el propio Estado nacional.
Según el esquema de distribución vigente hasta marzo de 2025, el 28,58 por ciento de lo recaudado se destina a un fideicomiso para obras de infraestructura de transporte. Otro 28,69 por ciento va al sistema de seguridad social, que financia jubilaciones y pensiones. También se reparten fondos al Tesoro Nacional (10,4 por ciento), a las provincias (10,4 por ciento), al Fondo Nacional de la Vivienda (15,07 por ciento) y a un fideicomiso para obras hídricas (4,31 por ciento). Una porción menor, del 2,55 por ciento, todavía está asignada al sistema de compensaciones al transporte público, pero ese fondo fue eliminado en febrero de 2024 por decisión del Gobierno Nacional.
El impuesto también incluye un componente ambiental, conocido como Impuesto al Dióxido de Carbono, aunque su impacto en la recaudación es bajo. Desde 2017, ambos tributos deben actualizarse trimestralmente según la inflación, pero el Poder Ejecutivo ha postergado varias veces esas actualizaciones.
El uso real de los fondos también genera interrogantes. Aunque la ley establece los porcentajes de distribución, en la práctica no siempre se ejecuta lo previsto. Un ejemplo es lo ocurrido con Vialidad Nacional en 2024: el fideicomiso para infraestructura vial debía recibir más de 600 mil millones de pesos, pero solo se transfirieron 149 mil millones. Es decir, menos de la mitad de lo que correspondía.
Hasta principios de 2024, una parte importante de lo recaudado también se destinaba al Fondo Compensador del Transporte del Interior, que subsidiaba los boletos de colectivo en las provincias. Ese fondo fue eliminado como parte del plan de ajuste fiscal del actual gobierno, lo que obligó a provincias y municipios a aumentar tarifas o destinar recursos propios al sistema de transporte.
En resumen, el impuesto que todos los argentinos pagan al cargar combustible tiene destinos múltiples y no siempre visibles. Su principal función es alimentar fondos para infraestructura, seguridad social y el presupuesto nacional. Sin embargo, el uso efectivo de ese dinero no siempre se transparenta, y muchas veces se desvía de los fines originales.
Hoy, con el fondo del transporte eliminado y los precios de los combustibles en aumento, el debate sobre el destino de este impuesto vuelve a estar sobre la mesa. Saber a dónde va lo que se paga al cargar nafta es una pregunta clave para entender las políticas fiscales del país.
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