La irrupción de las apps de viajes en moto: una amenaza creciente para el transporte público y la seguridad vial Por Juan Francisco Jaurena*

 

La expansión de las aplicaciones de viajes tipo taxi o remis que todos conocemos, sumada al auge vertiginoso de aquellos que facilitan viajes en moto, está generando un impacto profundo y preocupante en la movilidad urbana en ciudades como Santa Fe o Paraná. Como profesional y docente universitario del sector transporte y movilidad urbana, resulta imprescindible analizar este fenómeno desde la óptica de los concesionarios tradicionales (taxis, remises y colectivos), la seguridad vial, el marco legal y el bienestar de los usuarios.

Motoapps: creciente competencia y riesgo para el transporte público

En nuestra región, según Autobuses Santa Fe (operador de la ciudad homónima), expresó en un medio informativo local que la penetración de las aplicaciones que ofrecen viajes en moto ha derivado en una caída interanual del 5% en pasajeros transportados por colectivos en dicha ciudad. Según su opinión, la situación se agrava aún más en otras regiones del norte argentino, donde la reducción de la demanda convencional alcanzaría hasta un 30%. Esta fuga masiva de usuarios, usualmente los que pagan tarifa plena y que son los que financian buena parte de los costos del sistema, marchan hacia opciones más económicas y flexibles, entre ellas las motoapps que erosionan la base económica del transporte regulado, encareciendo las tarifas y desestabilizando a los operadores tradicionales.

Los programas sociales y los boletos educativos se mantienen parcialmente a estos operadores, pero la fragmentación tarifaria, el congelamiento de subsidios provinciales, la quita de subsidios nacionales, ponen en jaque la sustentabilidad del sistema. En este contexto, la preferencia por las motos no solo representa una competencia asimétrica, sino también un desplazamiento hacia servicios irregulares, muchas veces invisibles para el control público.

Instituciones concedentes: el desafío de controlar un fenómeno irregular

Las municipalidades, responsables de otorgar concesiones y regular el transporte urbano, enfrentan serias dificultades para fiscalizar a las plataformas digitales y a los vehículos que operan mediante ellas. Estas plataformas, en su mayoría de carácter multinacional, suelen resistirse a los marcos regulatorios y a los registros locales, operando en un vacío legal que impide exigir inspecciones técnicas, licencias profesionales, seguros adecuados y cumplimiento tributario por parte de los automóviles y conductores vinculados. A pesar de las expresas prohibiciones de funcionamiento para las llamadas "motoapps", estas continúan operando sin ningún tipo de control. Mientras tanto, taxis y remises deben cumplir con una pesada carga normativa, fiscal y de inspección, lo que profundiza la desigualdad regulatoria y la competencia desleal.

Este escenario promueve la competencia desleal que se profundiza con prácticas de dumping, o sea, tarifas artificialmente bajas, sostenidas a costa de márgenes mínimos o negativos para captar y dominar el mercado. La experiencia internacional, en ciudades como Nueva York, Londres o París, muestra que el dumping lleva a colapsos de los sistemas públicos, mayor congestión, precarización laboral y deterioro de la calidad del servicio. La estrategia de crecimiento de estas apps prioriza la cuota de mercado, sin importar las consecuencias, que pueden ser devastadoras: insostenibilidad financiera de los sistemas públicos, mayor congestión por reemplazo de usuarios de transporte masivo por autos y motos, precarización laboral y desincentivo para invertir en renovación de flota o servicio de calidad. Esto último se debe a que la política de dumping de las apps precariza directamente a los dueños de vehículos que dependen de ella, forzándolos a una explotación económica que limita su capacidad de reinversión, mantenimiento y renovación de los vehículos, con consecuencias negativas para su seguridad, estabilidad económica y la calidad del transporte que ofrecen.

Seguridad vial: usuarios en riesgo por la falta de regulación y control

El problema más delicado y preocupante es la seguridad vial. El transporte convencional regulado (colectivos, taxis, remises) debe cumplir estándares técnicos, de seguridad y contar con seguros específicos para transporte oneroso, obligatorios según la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). En contraste, la gran mayoría de los servicios en moto mediante aplicaciones operan en total ilegalidad, sin acceder siquiera al seguro obligatorio para transporte oneroso que cubra a pasajeros, terceros y otros riesgos específicos de la actividad. Esta situación responde a la gravedad que implicaría legalizar una modalidad de transporte que, por sus características, resulta inaceptable para cualquier jurisdicción u organismo regulador serio.

Esta ausencia o insuficiencia del seguro legal deja a los usuarios en una situación vulnerable ante accidentes, pues la responsabilidad jurídica puede ser difícil de establecer y las indemnizaciones demorarse o ser insuficientes. Los seguros complementarios ofrecidos por algunas de dichas plataformas no sustituyen esta obligación legal, agravando la incertidumbre para los consumidores.

Las estadísticas accidentológicas de Argentina en 2024 revelan que las motos concentran el 46% de los siniestros viales fatales de las más de 3.800 muertes registradas en siniestros de tránsito. La ausencia de protección física del conductor y pasajero de una moto es un factor crítico. Los siniestros que involucran motos superan altamente en letalidad y lesiones graves a los que involucran colectivos o autos. Esto convierte también el boom de las aplicaciones de motos en un problema severo para la salud pública.

El problema no resuelto de las apps de autos

Mientras tanto, en el segmento de autos, las ciudades como Santa Fe y Paraná han avanzado con ordenanzas específicas que buscan regular las plataformas de viajes (que son las mismas que habilitan motos a trabajar dentro de ellas), estableciendo registros, controles técnicos, requisitos de seguros y límites cuantitativos para las flotas. En Santa Fe, por ejemplo, la ordenanza limita la cantidad de autos habilitados en aplicaciones al 50% de la flota de taxis y remises, y exige profesionalización y seguros vigentes para conductores y vehículos. Paraná adoptó medidas similares, incluyendo identificación digital por QR y control operativo.

Estos avances han creado un marco que busca generar más transparencia y razonable equidad, aunque la fiscalización efectiva sigue siendo un desafío, y el sector tradicional continúa denunciando públicamente competencia desleal y caída de ingresos. Respecto a las empresas de plataformas digitales, en general, no han cumplido con las exigencias o lo han hecho en forma parcial. Sin embargo, frente al problema de las motos, este asunto parece estar más encaminado gracias a la intervención y regulación municipal.

La paradoja judicial y la falta de contundencia estatal

Resulta llamativa la disparidad en la respuesta judicial y estatal frente a distintas problemáticas digitales. Mientras el Estado argentino - y en particular organismos como ENACOM y el Poder Judicial - ha actuado con rapidez y firmeza para bloquear cientos de sitios de juegos en línea ilegales y plataformas audiovisuales piratas, con el objetivo de proteger derechos e intereses económicos, la reacción frente a las aplicaciones de transporte irregulares ha sido errática, limitada y carente de una estrategia sostenida.

Intentos puntuales de bloqueo judicial y suspensión de pagos con tarjeta de crédito a plataformas han sido de alcance parcial y vulnerables a vacíos regulatorios y diversa jurisdicción, dificultando su impacto efectivo. Esta asimetría refleja que, pese al evidente daño a trabajadores, usuarios y al transporte público legal, el sistema regulatorio argentino no ha logrado la coherencia y firmeza necesaria ante la revolución digital que implican estas nuevas formas de movilidad, algunas de ellas inaceptables como nuevos subsistemas de transporte público.

Reflexión final

La libertad de elegir medios de transporte no puede ser excusa para tolerar la ausencia de controles que resguarden a los usuarios ni para permitir que los modelos de negocio vulneren derechos laborales y de seguridad. El transporte público regulado protege a la ciudadanía, la sostenibilidad urbana y social.

Las apps tienen un potencial tecnológico incuestionable para introducir innovación y flexibilidad, pero deben adecuarse y acatar las reglas tributarias, técnicas y de seguridad equivalentes a los servicios tradicionales. En especial, no puede permitirse que, bajo la fachada de innovación, se perpetúen esquemas irregulares y riesgosos como el de los viajes en moto sin regulación, seguros ni controles estrictos, lo cual retrotrae décadas el esfuerzo por una movilidad urbana segura y sostenible.

Solo regulaciones modernas, integrales y rigurosas, con un fuerte rol fiscalizador también adaptado a los nuevos escenarios, podrá evitar que esta revolución digital conduzca al caos vial, la precarización laboral y la fractura del sistema de transporte público, garantizando que la movilidad urbana se mantenga segura, equitativa y sostenible en beneficio de todos.

 

*  Ingeniero Civil argentino egresado de la UTN Facultad Regional Santa Fe, con más de 15 años de experiencia en el sector del transporte. Se desempeña como docente, investigador y consultor, con una activa vinculación a la carrera de Ingeniería en Transporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde dirige el Grupo de Estudios de Transporte y el Departamento Académico de Transporte. Asimismo, integra el grupo de investigación en transporte de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).