TelePASE obligatorio: la herramienta base para el cobro en rutas ante la flexibilización de plazos

 

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 733/2025 publicado en el Boletín Oficial, ha modificado el cronograma para la implementación del sistema de peaje sin barreras (Free Flow) en las rutas nacionales concesionadas. La medida, que busca garantizar un tránsito vehicular más fluido y seguro, introduce un margen de flexibilidad en los plazos originales, reconociendo las "particularidades técnicas, operativas y contractuales" de los distintos tramos viales.   

El cambio en el cronograma y el fin del plazo rígido

El sistema Free Flow, definido como "vías no canalizadas que operan con identificación automática de vehículos y dispositivos TelePASE sin la existencia de barreras" , fue originalmente concebido bajo un cronograma rígido. El Decreto N° 196/25 había establecido que, para el 31 de diciembre de 2026, el 50% de las rutas debían operar exclusivamente bajo este formato, con la meta final de que todas las rutas nacionales contaran exclusivamente con Free Flow para el 30 de junio de 2027.   

El nuevo Decreto 733/2025 sustituye esa meta y establece un esquema más flexible:   

1. Nuevo requisito: La Dirección Nacional de Vialidad deberá prever que, para el 31 de diciembre de 2026, todas las rutas nacionales concesionadas cuenten con sistemas de vías automáticas canalizadas con barreras y/o con vías free flow.   

2. Flexibilidad: Se otorga a Vialidad Nacional la potestad de modificar este plazo cuando las características de cada tramo o estación de peaje lo justifiquen.   

En la práctica, esto significa que el plazo estricto para eliminar por completo las barreras a mediados de 2027 se ha eliminado, y se prioriza que el sistema sea automatizado —aunque sea con barreras (Vías Automáticas Canalizadas)— en lugar de ser exclusivamente Free Flow.   

El eje de la política: la obligatoriedad del TelePASE

La modificación regulatoria subraya una prioridad institucional: la consolidación del uso del dispositivo TelePASE (TAG) como la herramienta base para la organización de los nuevos sistemas de peaje en todo el territorio nacional.   

Esta política tiene como objetivos explícitos garantizar el pago y desalentar la evasión, avanzando hacia la obligatoriedad de su implementación total en toda la red vial nacional. El Gobierno busca asegurar la previsibilidad y la sustentabilidad de los sistemas de cobro que deben implementar los concesionarios viales.   

La decisión de flexibilizar los plazos atiende a la necesidad de garantizar una implementación "eficaz y eficiente" de las nuevas tecnologías de cobro que promuevan un tránsito vehicular más fluido y seguro, adaptándose a las realidades de cada tramo vial sin poner en riesgo la viabilidad de los contratos de concesión.