El Radar de la ruta 168 en el acceso a Santa Fe: un pelea de escritorios.

 

La Ruta Nacional 168, arteria clave para el acceso a Santa Fe capital, es el escenario de una disputa jurisdiccional entre el Gobierno Nacional y la Provincia. Específicamente, el conflicto gira en torno al radar fijo instalado en el kilómetro 5,8 por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). A inicios de diciembre de 2025, la Provincia sostiene la legalidad y efectividad del dispositivo, mientras que Vialidad Nacional insiste en su retiro por la falta de permisos de obra en una vía de su dominio. 

La controversia técnica del Radar Ruta 168

El debate se centra en dos ejes: la legalidad de la instalación y su impacto práctico.

Jurisdicción y requisitos de obra

El origen de la disputa se remonta a noviembre de 2025, cuando Vialidad Nacional (organismo dependiente del Gobierno Nacional) intimó a la provincia de Santa Fe a retirar el radar. El argumento principal es que la instalación no fue autorizada y, peor aún, implicó perforaciones y modificaciones sobre la calzada, lo cual, al tratarse de una ruta nacional, exige un permiso formal de obra que, según Nación, nunca se tramitó ni se concedió.

La Provincia, por su parte, rechaza categóricamente la intimación. El secretario de Seguridad Vial, Carlos Torres, defendió el radar como una "política de Estado" con base legal y técnica para reducir la siniestralidad. No obstante, las voces críticas, como la exdirectora de la Red de Seguridad Vial, Antonela Cerutti, y la abogada Patricia Almirall, remarcan que, más allá de la intención, la normativa vial establece la obligatoriedad de la autorización para cualquier intervención fija y permanente sobre el dominio de la Nación. En términos sencillos, el problema no es el radar en sí, sino el procedimiento para "clavar al piso" la estructura en una jurisdicción ajena.

Efectividad y reducción de velocidad

Mientras la discusión legal se mantiene, la APSV resalta el objetivo práctico. Según los datos provistos por la agencia, el radar logró una reducción del 65% en la cantidad de vehículos que circulan por encima del límite de velocidad en la zona, pasando de unos 1.200 a 420 por hora en momentos de mayor caudal de tránsito.

Esto significa que la velocidad promedio del tramo bajó, lo que se traduce directamente en una mayor seguridad, dado que la velocidad es un factor determinante en la gravedad de los siniestros. La Provincia insiste en que los controles son transparentes y están debidamente señalizados, desmintiendo el concepto de "radar escondido" con fines meramente recaudatorios. La prioridad de la Provincia es sostener la medida en función de estos resultados tangibles, a pesar de la amenaza de denuncia penal ante un eventual intento de remoción forzada por parte de Nación.

Implicaciones para el usuario y futuro del control

El Municipio de Santa Fe capital se mantiene al margen de la confrontación directa, pero su interés es innegable, ya que la Ruta 168 es un nexo fundamental con la trama urbana y el transporte público, cuyos colectivos también se ven afectados positivamente por una circulación más ordenada.

La situación actual, actualizada a diciembre de 2025, muestra a la Provincia manteniendo el radar operativo a pesar de la presión nacional. No hay una resolución inminente y el conflicto podría escalar si Vialidad Nacional decide avanzar con acciones legales o de remoción.

Es un delicado equilibrio entre lo administrativo y lo práctico. La clave estará en si estas inversiones en control (radar, señalización, etc.) finalmente logran establecer un cambio cultural en la velocidad o si, por el contrario, la disputa política termina por desactivar una herramienta efectiva.