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El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, llevó a cabo una auditoría al programa de Boleto Educativo. Tras un cruce de datos con universidades e instituciones educativas, se dieron de baja 34.606 beneficios que no cumplían con los requisitos establecidos. Esta medida, según el ministro Gustavo Puccini, busca garantizar que el dinero de los santafesinos se invierta de manera eficiente y llegue a quienes realmente lo merecen.
Las bajas incluyen a 32.527 estudiantes, 1.327 docentes y 752 asistentes escolares. Las principales causas de las irregularidades fueron la pérdida de regularidad académica, la no residencia en la provincia y la falta de acreditación de la condición de alumno regular. Un ejemplo de esta situación fue la Universidad Nacional de Rosario, donde se identificaron 13.706 beneficiarios que no cumplían con la condición de estudiante regular. En total, 24.800 de las bajas se vincularon a la pérdida de regularidad y 9.806 a domicilios fuera de la provincia.
Se estima que el impacto económico de estas bajas ronda los 585 millones de pesos en el mes de junio. Al respecto, Puccini afirmó que "acceder al Boleto Educativo sin cumplir con las condiciones es una forma de perjudicar a todo el sistema". La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, complementó esta postura, señalando que "el sistema tiene que ser justo" y que el beneficio no corresponde a quienes no cumplen con las condiciones que se financian con fondos públicos.
Las autoridades provinciales informaron que el beneficio continuará vigente, pero bajo un esquema de fiscalización reforzada y con mecanismos de verificación continua para garantizar la transparencia y responsabilidad en el uso del programa.
Para acceder al Boleto Educativo, los requisitos son acreditar la condición de alumno regular en una institución reconocida, residir en la provincia de Santa Fe y registrarse correctamente en la aplicación oficial del programa. En el caso de docentes y asistentes escolares, se debe demostrar un vínculo laboral activo en establecimientos educativos de la provincia.
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